Los planteos de la Comisión Nacional de Fomento Rural sobre la Ley de Urgente Consideración

La Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) asistió al Parlamento el pasado lunes 22 a dar su opinión sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC).

La delegación de la CNFR estuvo integrada por Cristina Revetria, y al primer secretario, Fernando López.

Cristina Revetria. “Planteo de Comisión Nacional de Fomento Rural sobre el proyecto de ley de urgente consideración (LUC) a consideración del Parlamento desde una perspectiva de la producción familiar.

  1. Introducción. 1.1 Cuestiones metodológicas. Los puntos que se presentan a continuación, constituyen el resultado de una serie de trabajos técnicos, reuniones, talleres y consultas entre la dirigencia de la CNFR y sus organizaciones de base representadas en sus órganos de conducción gremial y diversos especialistas en aquellos temas de mayor interés y sensibilidad gremial, contenidos en el proyecto de ley. Las actividades comenzaron a principios de año cuando se conocieron los primeros textos del anteproyecto y sus sucesivas modificaciones, hasta su ingreso en la Cámara de Senadores. Este documento contiene ya, una actualización del análisis y las opiniones recogidas a partir del texto aprobado por el Senado. La metodología utilizada ha sido pues, de carácter participativo y debidamente informado, logrando recoger, por un lado, planteamientos, reivindicaciones y propuestas de políticas públicas, que han sido históricas de parte de la CNFR y así mismo la visión gremial respecto al actual momento histórico que viven el país, la producción agropecuaria y en especial la producción familiar, con la diversidad que le es característica y que se expresa en las potencialidades productivas de sus diferentes rubros y sectores. Corresponde señalar, que el análisis realizado de los contenidos de la LUC, fue hecho a la luz de una serie de definiciones conceptuales, que son el marco indispensable para entender los planteamientos y propuestas de la CNFR, en relación a la coyuntura y al futuro de la producción agropecuaria nacional y del desarrollo rural y el bienestar de las familias rurales en el campo […].

1.3 Aspectos conceptuales. En primer lugar, la vigencia del reconocimiento de la Agricultura Familiar o de la Producción Familiar, como un sector claramente identificable y diferenciado en el ‘sistema productivo agropecuario nacional’, que está conformado por miles de familias rurales que organizan su trabajo, el uso y explotación de los recursos naturales de su propiedad o a su cargo y la toma de decisiones en sus unidades productivas, a partir de decisiones familiares. Viven principalmente del resultado de su trabajo en las unidades productivas familiares y hacen de esa forma de organización de la producción un estilo de vida y una expresión cultural. Esto se suma al clásico reconocimiento de la Agricultura Familiar como un sector económico, con un comportamiento en este plano, claramente definido e identificable a partir de innumerables indicadores productivos, económicos y sociales. Ha sido y es hoy día, generador de riqueza, empleo e ingresos para las familias rurales. Asimismo, protagonista de la vida social en el medio rural, con un papel importante en la producción de alimentos, cumpliendo con su histórico rol de contribuir no solamente a la seguridad alimentaria del Uruguay, sino a sus exportaciones y a un desarrollo con equidad de la sociedad uruguaya. La Producción Familiar significa, no solo una fuente de ingresos para la familia como sector productivo basado en el trabajo familiar, sino que implica también valores sociales, culturales y ambientales trascendentes; un lugar donde desarrollar la vida a plenitud. Una forma de vida respetable y que debe ser tomada en cuenta por las políticas públicas desde el Estado, como un ACTIVO muy importante de la sociedad uruguaya. En segundo lugar, y a partir del reconocimiento anterior, es natural entonces pensar en la vigencia de las políticas públicas diferenciadas para la PF. Estrategias, políticas e instrumentos de promoción y desarrollo particulares para este conjunto de unidades productivas rurales que conforman la Producción Familiar en el Uruguay. Las políticas diferenciadas son la forma de atender la especial forma de organización productiva de este sector de la población rural, frente a los desafíos y las oportunidades de la inclusión productiva en los mercados, y a la necesidad de asegurar ingresos dignos y empleo genuino.

Por tanto, en la visión de la CNFR es necesario el mantenimiento, profundización y actualización de las políticas diferenciadas y el reconocimiento de las organizaciones asociativas como las sociedades de fomento rural y cooperativas agrarias coma herramientas de inclusión productiva, comercial y financiera de los agricultores familiares e, incluso, como instrumentos para trasladar por parte del Estado bienes y servicios públicos claves para su competitividad productiva y comercial y el bienestar social de las familias rurales. Sin productores familiares, seguirán aumentando los desequilibrios territoriales y poblacionales en el Uruguay rural y se pone en riesgo la seguridad alimentaria en más de una docena de productos básicos o conjunto de productos básicos que son parte de las canastas de alimentos que consume nuestra población.

1.4 Algunos postulados bajo los cuales fueron analizados la variedad de artículos de la Ley de Urgente Consideración: Vigencia de la Producción Familiar y las políticas públicas diferenciadas para su más pleno desempeño como actor cave en el desarrollo de los territorios rurales. Inclusión productiva y en los mercados, competitividad, e inversiones directas orientadas a las unidades productivas familiares en los territorios rurales. Actualización y vigencia de los bienes y servicios públicos disponibles para la población rural. Seguridad alimentaria, canales comerciales, compras públicas, cooperativismo y asociativismo. Recursos naturales, medioambiente, protección ambiental y de ecosistemas, servicios ambientales. Empleo genuino y decente para hombres y mujeres rurales; afincamiento de jóvenes rurales, políticas de apoyo e inversión a los emprendedores y emprendedoras rurales (políticas fiscales y de estímulo). Seguridad social y reconocimiento del trabajo familiar, especialmente de mujeres rurales; derechos a la jubilación y a la pensión; edad de retiro y beneficios. Salud para el trabajador rural y el productor familiar; servicios de cercanía en materia de prevención, asistencia y protección; incorporación de rutinas y protocolos en cuanto a la protección y tratamiento frente al uso prolongado de sustancias químicas peligrosas”.

Fernando López. Cuando fuimos a la Comisión del Senado, dijimos que para nosotros hay temas sumamente importantes, que deberían haber sido tratados fuera del proyecto de ley de urgente consideración, porque necesitaban un mayor análisis, discusión y aportes. Aquí está detallado lo que piensa la CNFR, pero de todas formas vamos a mencionar algunos aspectos.

En materia de reforma educativa, destacamos la importancia de que participen las organizaciones de productores familiares rurales en los procesos de consulta, para plantear la realidad del sector en este aspecto. Por supuesto, la eficiencia del Estado, las normas financieras, las reglas fiscales y las inversiones constituyen un capítulo muy importante.

Con respecto a la promoción de las Mipymes, entendemos que habría que incorporar el concepto de empresa familiar rural, para que puedan tener beneficios específicos, inclusive, las personas más jóvenes.

Se debería reforzar el sistema actual de compras públicas en lo que tiene que ver con la agricultura familiar, sobre todo en lo vinculado con cooperativas, sociedades de fomento y procesos asociativos. El sistema debe privilegiar la participación de la producción familiar con un proveedor fiable para el Estado en sus diferentes niveles. La reforma laboral y social -que ya se mencionó-, el desarrollo social y la salud son temas muy sentidos, que venimos escuchando desde hace mucho tiempo en nuestras recorridas. Nos vamos a referir a los artículos que la Comisión Nacional de Fomento Rural ha definido como prioritarios.

El artículo 212 nos preocupa, porque establece que los fondos destinados a la economía social, al movimiento cooperativo, al sistema de fomento rural a través del Fondes-ANDE y el Fondes Inacoop van a competir con los destinados a obras de infraestructura. Nos parece que los destinos son bastante diferentes, y no deberían competir por los mismos recursos, ya que la lógica del fortalecimiento de la organización, la formación y la capacitación tienen tiempos y metodologías diferentes, que toman cierto tiempo para ver el impacto de estos apoyos.

En el artículo 230 se habla del monopolio de Ancap. Entendemos que es estratégico seguir teniendo una empresa pública en lo que tiene que ver con los combustibles.

Con respecto a los artículos referidos al Instituto Nacional de Colonización, hemos sido impulsores de la ley de creación del Instituto, y creemos que cualquier modificación en la política de tierra va a generar impactos e incertidumbre, sobre todo en los operadores de mercado. Afectará la lógica y la orientación de la política sobre este sistema La CNFR entiende que la política de tierras tiene que ser una política de Estado. Reconocemos el rol del Instituto como moderador en el mercado de tierras y como herramienta para el acceso al conjunto de políticas públicas para la producción familiar. Claramente no habrá políticas públicas para la producción familiar si no hay políticas de acceso a la tierra. Nos preocupan las consecuencias que podría traer la regla fiscal sobre la posibilidad concreta de seguir incorporando tierras a la acción colonizadora y sobre el mercado de tierras en general, y también la limitación del presupuesto del gasto público.

El artículo 353, por ejemplo, puede terminar en la reconsideración de las tierras de un conjunto de colonos. Estamos hablando de la desafectación de las tierras que provenían de la Sección Fomento Rural del Banco Hipotecario. La Comisión Nacional no comparte el contenido de este artículo, dado que desafectar este conjunto de tierras de las colonias podría desarticular también su visión integral y, además, no se daría el interés general por encima del interés particular. El artículo 354 refiere al perfil del colono. Entendemos que el legislador creó la Ley Nº 11.029 como parte de una política pública de acceso a la tierra, y la sociedad en su conjunto hace un esfuerzo importante en ese sentido. El colono debe estar en la tierra; eso es parte de la política de colonización. Vemos que cada vez que hay un llamado se presentan muchísimos jóvenes, mujeres y hombres, con las condiciones actuales, para vivir en la tierra. Nosotros lo interpretamos de esa manera. Cuando se solicitan excepciones, claramente el Directorio está en condiciones de tomarlas en cuenta, y de hecho están contempladas. Hay excepciones por temas de salud, de enfermedad, y el Directorio tiene potestad de exonerar al colono de la exigencia.

En cuanto a los artículos referidos al INAC, tenemos una preocupación importante con respecto al numeral 6) del artículo 356. Entendemos que el INAC debería cumplir con un rol de supervisión y coordinación, conjuntamente con los gobiernos departamentales. Sin embargo, tal como está redactado, también podría significar crear un organismo con una capacidad de fiscalización y un presupuesto totalmente diferentes a los actuales de hoy. Eso nos preocupa. Por otra parte, en lo que refiere a la inocuidad y la salud humana, entendemos que el MSP puede delegar en un organismo diferente su ejecución, por ejemplo, a las intendencias.

En cuanto a los artículos que refieren a la titularidad de los inmuebles rurales y a la explotación agropecuaria, si bien se nos informó que se sacaron a las sociedades anónimas, reforzamos la importancia de que hay que seguir trabajando en tal sentido. Vemos con buenos ojos que se hayan sacado de la redacción. Con respecto a los artículos 369 y 370, referidos a la creación del Instituto Nacional de la Granja, nos parece atinado lo que establece, pero creemos se debería discutir en un proyecto de ley particular enviado por el Poder Ejecutivo. Teniendo en cuenta la realidad del sector granjero y la importancia que tiene tanto en lo económico como en lo social, esa discusión debería darse con la participación de las organizaciones de productores. Creemos que se debe discutir la gobernanza del Instituto, y que debería estar dispuesta en la propuesta del proyecto de ley. Nosotros hacemos referencia a otros institutos del sector agropecuario, como por ejemplo, el INIA, el Instituto Nacional de Semillas o el Instituto del Plan Agropecuario, que tienen claramente establecidas la gobernanza y la participación. Al mismo tiempo, creemos que es importante ajustar los cometidos de este Instituto, abarcando también su financiamiento.

Los artículos 474 y 475 modifican los artículos de la Ley del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y tenemos una preocupación importante al respecto. Entendemos que con la nueva legislación se delimitan los sitios de conservación a los parques nacionales o paisajes protegidos, y solamente se involucra a los predios que son propiedad del Estado o a los privados que lo hagan en forma voluntaria, lo que no coincide con los aspectos de la protección ambiental, sobre todo si se trata de ecosistemas sensibles. La alternativa sería expropiar, y no siempre el Estado está en condiciones de hacerlo.

Presidente. Le informo que eso ya fue eliminado en el Senado. La autorización del propietario ya no forma parte del texto legal.

Fernando López. Gracias. Es importante mantener una visión ecosistémica en este tema.

Diputada Lucía Etcheverry (FA). Quiero hacer una consulta sobre los artículos referidos al Instituto Nacional de Colonización y a las tierras provenientes del Banco Hipotecario, porque aquí no se está resguardando la tierra, ya que se habla es de propietarios. Si se hablara de tierra, sería diferente. Aquí hay algo vinculado con la sostenibilidad de las colonias. Quería saber si podían ampliar al respecto.

Fernando López. Hoy, la inmensa mayoría de las tierras tiene títulos privados, aunque son parte de las colonias. Pero las colonias no son solamente las tierras; por ejemplo, la inversión que el Estado ha hecho en infraestructura, en electrificación, en escuelas tiene que ver con el desarrollo social de la colonia como unidad. A su vez, en las colonias hay normas que articula el Instituto. No se puede hacer cualquier cosa en las colonias; es diferente si son agrícolas, ganaderas, lecheras, etcétera. Hoy los privados pueden vender la tierra con la autorización del Instituto y de acuerdo con las normas que la colonia establece-, pero al desafectarse, podría vaciarse aún más, y todo lo que se invirtió para que la gente estuviera ahí, se perdería. La colonia es un todo; incluso, la apuesta pública, la inversión en bienes de servicio, con menos gente todavía, empezaría a ser insostenible. Ese es el riesgo que se corre, porque la mayoría ya son dueños privados de la tierra, pero el daño mayor es desafectarla y que no tenga ningún control de los establecidos en la Ley N° 11.029.

Fuente Imagen: todoelcampo.com.uy

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