Bancada de ediles del Frente Amplio de Treinta y Tres pide asesoramiento a Junta Anticorrupción

En la noche del miércoles 13 de diciembre, en la sesión de la Junta Departamental de Treinta y Tres, luego de haber transitado el camino de pedir la creación de Comisión Investigadora, intervención del TCR; todo en el marco de la situación de Tributos de la IDTT, donde hay tres funcionarias procesadas y que  no fueron acompañados por el Partido Nacional, nos dejan en la situación de tener que pedir el asesoramiento de la JUTEP para indagar en los puntos expresados en la nota que va adjunta.

La Junta Departamental de Treinta y Tres solicita el asesoramiento de ese organismo, al amparo de lo establecido en la ley 19340, Convención Interamericana contra la Corrupción, ratificada por nuestro país, artículo 4 de la ley 17060, decreto 30/2003 y 354/99 respecto de los hechos sucedidos en la Intendencia Departamental de Treinta y Tres, en mérito a las siguientes consideraciones:

HECHOS

1) Como es de público conocimiento se registraron diferentes episodios en los cuales podría estar en juego la responsabilidad de varios funcionarios de la Administración que aparentemente cometieron actos de corrupción, que podrían determinar su responsabilidad penal.

2) Los comparecientes a la luz de los hechos mencionados y atento a sus facultades de contralor del órgano de la Administración Departamental solicitaron en el seno del deliberativo departamental con fecha 15 de noviembre de 2017 que se conformara una comisión investigadora a los efectos de determinar lo sucedido y así valorar la actuación de las jerarquías correspondientes en los episodios explicitados a la luz de los principios de probidad, transparencia y ética pública. Dicha moción no fue aceptada por la mayoría de los ediles del Partido Nacional- partido del gobierno departamental- quienes de esa forma determinan en los hechos, un claro velo a los efectos de ver el proceder de los funcionarios públicos implicados y con responsabilidades directas en el control y supervisión de las áreas involucradas.

3) El material que cuentan los ediles comparecientes respecto de los hechos investigados son la Investigación Administrativa realizada por la Intendencia, actuaciones llevadas a cabo en Comisión Fiscal de la Junta Departamental , informe de la Auditoría Interna conformada por resolución del Intendente 1292/2016, decreto11/2015, de la información relevada en los mismos, los comparecientes entienden que hay actuaciones que corresponden a distintas jerarquías que no se compadecerían con la gestión transparente de la función pública como asimismo podría haber hechos que tendrían la apariencia de delitos, para lo cual se solicita el asesoramiento de la JUTEP a los efectos de que haga una valoración de la misma y asesore en tal sentido.

4) A raíz de hechos denunciados policialmente que conllevaron a la realización de actuaciones penales que determinaron el procesamiento de 3 funcionarias, se realizó una auditoría interna en el área de tributos por las funcionarias Cra. Florencia García y la Ec. Cecilia Ois, la cual tomó según su propio informe un período acotado en el tiempo y a cuenta de otras investigaciones que hasta la fecha no los comparecientes desconocen.

A pesar de que dicha auditoria fue limitada en sus actuaciones, la misma relevó y reveló información que se podría inducir que la magnitud de los hechos y responsabilidades van más allá de las actuaciones y responsabilidades de las tres funcionarias en cuestión. Del informe realizado por las auditoras se constata que a raíz de prácticas irregulares la Administración perdió importantes sumas de dinero de recaudar, causándose un daño económico a la Administración , además de realizarse muchas de las acciones con apariencia de legalidad tales como exoneraciones de tributos sin la existencia de documentación que respalde tal acción lo que contaminan sin duda la transparencia de la acción, convenios otorgando amnistías fueras de plazo, prescripciones de tributos en contravención con las normas que regulan la materia tributaria, dado que dichos tributos no habían prescripto por un reconocimiento de la deuda anterior por el propio contribuyente, muchas de estas acciones que fueron detectadas por las auditoras a través del sistema informático cuando solicitaron la documentación que respaldaba tales acciones al Director de tributos, éste no las proporciona, lo que aumentan las sospechas de actos de corrupción que la normativa aplicable en la materia entienden correspondiente denunciar.

Todo esto sumado al hecho que en forma sorprendente tanto el Director de Tributos como la Directora de Hacienda declinaron cualquier tipo de responsabilidad en la larga lista de hechos irregulares constatados por las auditoras, a pesar de ser los jerarcas inmediatos en el control, organización y fiscalización de los procedimientos en el cobro de tributos, exoneraciones tributarias y demás circunstancias relacionadas con los mismos, debiendo bregar que se hagan conforme a derecho.

Asimismo surge de la auditoria en cuestión, que muchos de los procedimientos que fueron realizados en forma irregular eran sindicados por los superiores jerárquicos, en algunos de ellos era el Secretario General- hoy Intendente interino – y en otros casos un jerarca llamado Alfredo del cual no se determina su grado de jerarquía y que debe ser investigado – lo que de ser así podría tener dichas acciones implicancias ilegítimas y abusivas, dado que se daban órdenes para que en algunos casos se sacaran multas y recargos a sabiendas de que el período establecido para tal acción hubiere vencido, o el otorgamiento de exoneraciones que podrían no ajustarse a derecho , en clara contravención con las normas de ética y transparencia fiscal , además de poderse englobar su acción en las figuras previstas en el código penal , previstas en el título IV.

En este sentido debemos señalar que el decreto 11/2015 estableció un sistema de quitas de multas y recargos con el objetivo de regularización de adeudos de contribuyentes morosos por un período de 60 días a partir de su publicación; la cual fue con fecha 21 de octubre del 2015. En virtud de lo cual cualquier circunstancia que determinara la realización de quitas de multas y recargos con fecha posterior a la vigencia del mismo estaría realizándose por parte de la comuna en forma irregular, generándose un perjuicio ilegítimo a la Administración.

La auditoría contable realizada por la Cra. Florencia García y la Ec. Cecilia Ois pone de manifiesto irregularidades en el manejo de los tributos, que a nuestro entender podrían exceder de la responsabilidad de las funcionarias hoy investigadas.

En primer lugar cabe señalar que la auditoría tomó un corto período de tiempo como se expresó: 1/1/2016 a 22/9/2016 dando como resultado asimismo distintas operaciones realizadas al margen de la normativa aplicable, por lo que da un muestreo y lleva a presumir que el cúmulo de irregularidades realizadas con el manejo de los tributos es mayor si la investigación abarcare mayor cantidad de tiempo.

Las mismas categorizan su investigación en 5 ítems que obedecen a situaciones operacionales distintas, que van del ítem A a E.

En el ítem A- que corresponde a convenios pagados en su totalidad o dados de baja con alta de la deuda convenida, se señala que hubieron 7 convenios realizados fuera de la fecha de Amnistía y en dos casos; según surge de la constancia, al hacer la operación por la funcionaria se señala que uno fue con orden del superior y en otro por orden del secretario, no contándose con documentación que respalde la misma.

En la item B Convenios sin haber pagado el contribuyente la totalidad del mismo y sin dar de alta a la deuda convenida, lo que debía hacerse según mandato del decreto; en estos casos hubo exoneración de multas y recargos en 2 convenios no se incluye en la deuda convenida el importe de multas y recargos, realizándose el mismo fuera del período de Amnistía. Según el legajo particular de cada padrón se realizó el proceso por la Sra. D Llano estableciendo en la descripción del comentario por orden Secretario en uno y autorizado por el Secretario General en el otro.

Asimismo establecen las auditoras, exoneración de deudas sin poderse constatar la legalidad de la misma dado que la documentación que respalda el trámite no fue proporcionado por el Director de Tributos; dicha tarea la hizo D Llano y R Tabeira; en el primero se señaló orden del secretario, orden de Alfredo – no surge el grado de jerarquía del funcionario para dictar dicha orden – dec.25/95 .

Asimismo en el informe de las Auditoras; denominada Referencia E– Convenios dados de baja, que prescriben deuda convenida –lo cual es ilegítimo dado que si se reconoce la deuda por convenio luego no puede prescribirse –; se destaca que para un convenio realizado con fecha 7 de diciembre de 2012, el mismo no incluye las multas y recargos correspondientes a la deuda convenida, a pesar de no haber norma que ampare tal exoneración. Según el legajo particular del padrón asociado a dicho convenio con fecha 6 de diciembre 2012 se realizó la acción de asignación exoneración multas y recargos por el usuario D. Llano incluyendo en la descripción el comentario “autorizado por secretario general”, tampoco se cuenta con documentos que respalden tal operación.

De la declaración de la funcionaria Diamela Llano en la investigación administrativa se corrobora dicha situación señalando expresamente “Me dicen que hay más convenios caducados con mi clave. Y le digo que era la que estaba ahí siempre todos los días y que no todo es pedido por esa compañera. Que a veces eran también solicitado por los superiores.”

Es importante la valoración de la JUTEP a los efectos de que ésta realice las valoraciones desde punto de vista de su cometido e indique los procedimientos a seguir en este sentido.

Respecto a las posibles implicancias de la Directora de Hacienda, debemos señalar que la misma ha argumentado en las distintas comparecencias-tanto en la investigación administrativa como en comparecencia ante la comisión fiscal-, que no tenía acceso a la información directa de los trámites que en cada caso se realizaban y que no participaba ni había sido advertida de tal circunstancia. Cuesta creer su falta de conocimiento ante la cantidad de acciones realizadas en perjuicio de la Administración, con la cuantía de pérdidas de ingresos flagrantes y que eran de clara ilegalidad. Quizás sí, es entendible que no tuviera conocimiento sobre la acción concreta al momento de realizarse; dado su cargo y función necesariamente debería tener conocimiento de los resultados que dichas acciones tuvieron, máxime que las mismas no fueron en forma aislada y determinaron un gran volumen de dinero, teniendo en cuenta que parte de las atribuciones de la jerarca es la hacienda de la Administración la cual debió impulsar mecanismos de controles adecuados para prevenir acciones como las relacionadas en la auditoria, nos permite plantearnos la duda si esos controles no se hacían por omisión o adrede, por lo que debería valorarse si la conducta de la jerarca se riñe o no con los dictados de la ética y transparencia pública.

Respecto del Director de Tributos: Cabe las mismas consideraciones vertidas anteriormente, con el agravante que este está directamente aplicado al área de tributos, siendo su responsabilidad, el control y manejo de los mismos.

Véase las distintas irregularidades que se sucedían en el área de semovientes, responsabilidad directa del Director de Tributos y de la Directora General de Hacienda ; según informe de la auditoría, con la consecuente pérdida de recaudación fiscal por parte de la Administración . Se extrae del relevamiento que hubieron guías vendidas del cual no surge el pago de las mismas. Claramente el desfasaje que existe entre lo que se debió haber recaudado y no se recaudó entre otros por no haberse liquidado los tributos correspondientes, el destino de los fondos por ejemplo de la ventas de guías, la omisión de controles por las jerarquías competentes etc. determinan la necesidad de una valoración de la JUTEP a los efectos de poder proceder en consecuencia.

Asimismo y sin perjuicio de lo anterior debería aclararse la situación de que ante el requerimiento de las auditoras que se le exhibiera distinta documentación correspondiente al área de tributos como ser convenios, exoneraciones , los mismos no fueron proporcionados, a pesar de que hubiera orden del Intendente Sánchez de proporcionar toda la documentación que las auditoras requirieran –según surge de la

comparecencia de las auditoras a la comisión fiscal-. En este caso más allá de que su conducta podría generar la sospecha de encubrimiento, el hecho mismo de no brindar la documentación solicitada que avalen procedimientos en donde se realizan acciones que pudieran ser sospechosas de ilegalidad, aumentan la hipótesis de que en la Intendencia se podrían estar haciendo actos de corrupción lo cual necesariamente debe ser valorado por la JUTEP.

Asimismo entendemos que debió la Administración en carácter de buen Administrador haber tomado medidas preventivas tales como haberlo trasladado a otra dependencia.

Señala el decreto 30/2003 de fecha 23/01/2003 también aplicable a los funcionarios de los Gobiernos Departamentales, en su artículo Artículo 23°. (Buena administración financiera). Todos los funcionarios públicos con funciones vinculadas a la gestión del patrimonio del Estado o de las personas públicas no estatales deberán ajustarse a las normas de administración financiera aplicables, a los objetivos y metas previstos, al principio de buena administración, en lo relativo al manejo de los dineros o valores públicos y a la custodia o administración de bienes de organismos públicos. Sus transgresiones constituyen faltas administrativas aun cuando no ocasionen perjuicios económicos (arts. 119 y siguientes del TOCAF)._

También el mencionado decreto erige normas claras en el actuar del funcionario público y fundamentalmente en aquellos que tienen determinadas jerarquía, que entendemos dichos principios podrían haber sido vulnerados , por lo que es importante para la ciudadanía que la JUTEP haga valoraciones en este sentido y señale si hubiere hechos con apariencia delictiva y en su caso si correspondiere el pasaje a la justicia para lo cual determinara si lo hace de oficio al tenor de sus competencias o a denuncia de parte.

Es el propio decreto quien ha definido el concepto de corrupción en su artículo 10º el cual señala (Concepto de corrupción). Se entiende que existe corrupción, entre otros casos, en el uso indebido del poder público o de la función pública, para obtener un provecho económico para sí o para otro, se haya consumado o no un daño al Estado (art. 3° de la ley 17.060).

También diferentes artículos determinan el deber ser de los funcionarios públicos, para lo cual se solicita saber si en la especie se han cumplido:

Artículo 11°. (Probidad). El funcionario público debe observar una conducta honesta, recta e íntegra y desechar todo provecho o ventaja de cualquier naturaleza, obtenido por sí o por interpuesta persona, para sí o para terceros, en el desempeño de su función, con preeminencia del interés público sobre cualquier otro (arts. 20 y 21 de la ley 17.060).

También debe evitar cualquier acción en el ejercicio de la función pública que exteriorice la apariencia de violar las Normas de Conducta en la Función Pública.

Artículo 12°. (Conductas contrarias a la probidad). Son conductas contrarias a la probidad en la función pública (art. 22 de la ley 17.060):

  1. A) Negar información o documentación que haya sido solicitada de conformidad de la ley.
  2. B) Valerse del cargo para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero.

Asimismo entendemos que la Administración está incumpliendo con lo establecido en el artículo 39 del mencionado decreto, dado que aún no se ha tomado las resoluciones conforme a los hechos sucedidos a la espera de las resultancias de la justicia penal, claramente el artículo 39 del decreto mencionado refiere que es obligación de la Administración actuar en forma independiente de la vía judicial debiendo instruir los procedimientos internos y adoptar las decisiones disciplinarias conforme a derecho.

Artículo 39º. (Potestad disciplinaria y jurisdicción penal). El sometimiento a la justicia penal de un funcionario público no obsta al necesario ejercicio de la competencia del organismo respectivo, independientemente de la judicial, para instruir los procedimientos internos y adoptar las decisiones que correspondan en virtud de las faltas disciplinarias que se comprobaren en la vía administrativa con arreglo a derecho”.

Fuente Imagen: lr21.com.uy

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